July 22, 2014
Fuente: Diario de Sevilla

Los envases contaminados con fosfina que causaron la muerte a tres personas fueron vendidos por 308 euros a una chatarrería. El chatarrero dice que no sabía que eran tan tóxicos.

La empresa de tratamiento de residuos Alansu S. L. admitió este lunes ante la juez que se produjeron fallos en la cadena de custodia de los botes de plaguicidas, cuyos tapones terminaron causando la muerte a tres miembros de una misma familia en Alcalá de Guadaíra. Esta sociedad, cuya planta de tratamiento se encontraba en Dos Hermanas y ahora está cerrada por orden de la Junta, tendría que haber encargado a otra empresa autorizada la eliminación de estos residuos tóxicos, cosa que no hizo. 

En vez de contratar a este segundo gestor de residuos para la destrucción de los botes de plaguicidas y sus correspondientes tapones de plástico, Alansu vendió dos partidas de envases -una de 800 kilos y otra de 200- con residuos tóxicos a una chatarrería de Dos Hermanas, Reciclados Nivel. Por estas dos partidas, que suman aproximadamente una tonelada de residuos, Alansu cobró 308 euros de la chatarrería, que recicló los botes de aluminio pero no destruyó los tapones de plástico. 

Así lo expusieron este lunes ante la juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra, Laura Ruiz, los responsables legales de Alansu S. L. y de Reciclados Nivel, así como el encargado de esta última empresa, Pedro Antonio G. C. En una jornada que arrancó a las diez de la mañana y terminó a las cinco de la tarde, los representantes de las dos empresas y el chatarrero prestaron declaración en calidad de imputados por tres delitos de homicidio imprudente y uno contra el medio ambiente por la venta ilegal de los tapones. 

En un principio estaba prevista también para este lunes la declaración como imputada de María Rosa S. M, encargada de Alansu, si bien esta testimonial fue aplazada después de que su abogado haya recurrido la imputación ante la Audiencia de Sevilla. 

El juzgado investiga ahora cómo llegaron los tapones hasta el domicilio de la familia Caño Bautista. Los tapones de los botes de plaguicidas contenían fosfuro de aluminio o fosfina, una sustancia que, al contacto con el agua o la humedad, se transforma en un gas muy tóxico. La inhalación de fosfina fue lo que causó la muerte a Enrique Caño, de 61 años, su esposa, Concepción Bautista, de 50, y la hija mayor de ambos, de 14, que fallecieron con escasas horas de diferencia el 14 de diciembre de 2013. Una hija menor del matrimonio, de 13 años, sobrevivió a la intoxicación porque pasó casi toda la jornada fuera de casa con unas amigas y sólo pasó unos minutos con su familia para cenar. 

La Policía Nacional halló más de un millar de tapones en una bañera del domicilio de la familia, en la calle Pesadora, en el barrio de Rabesa, en Alcalá de Guadaíra. Precisamente la bañera era el lugar menos apropiado para almacenar los tapones con fosfuro de aluminio, ya que la sustancia resulta letal cuando se moja o entra en contacto con la humedad. Hay varias hipótesis abiertas sobre cómo se hizo Enrique Caño con los tapones de los envases de plaguicidas, que pudieron ser comprados, cedidos por la chatarrería a cambio de alguna mercancía entregada por Caño o incluso regalados. 

En cualquier caso, los imputados declararon este lunes que no existía una relación habitual entre los chatarreros y Enrique Caño y que la adquisición de una partida de tapones fue algo puntual. Igualmente, según las declaraciones de este lunes, Alansu y Reciclados Nivel no mantenían una relación comercial habitual, pues Alansu trabajaba habitualmente con otro gestor de residuos y solo en una ocasión anterior la chatarrería le había comprado productos. También se investiga el destino que Enrique Caño le habría dado a los tapones, que posiblemente fueran revendidos a empresas que se encargan del reciclaje de este material plástico y que suelen pagar unos 20 céntimos de euro por kilo de tapones. 

El encargado de la chatarrería, Pedro Antonio G. C., admitió que pagó 308 euros a Alansu por los mil kilos de botes de plaguicidas. Este empleado de Reciclados Nivel también apuntó que desconocía que los tapones contenían una sustancia tan tóxica o tan contaminante como para causar la muerte a alguien con una simple inhalación, puesto que pensaba que los envases eran de aluminio. La abogada de Pedro Antonio G. C., a quien también se le imputan los tres homicidios imprudentes y un delito contra el medio ambiente, no quiso hacer este lunes ninguna declaración a la salida de los juzgados de Alcalá de Guadaíra. 

Por su parte, el representante legal de Alansu reconoció que se había roto la cadena de custodia de estos envases, así como que fallaron los mecanismos de control de la empresa, según indicaron fuentes del caso. Esta compañía de gestión de residuos tiene su sede central en San Sebastián de los Reyes y contaba con autorización de la Junta de Andalucía para tratar los desechos tóxicos, e incluso tenía subvenciones de la administración autonómica para ello. Alansu venía subcontratando con regularidad a otra empresa del sector para que eliminara los residuos o bien los descontaminara. En este caso, los botes de plaguicidas tendrían que haber sido eliminados por este otro gestor, también autorizado por la Junta. 

En cambio, fueron vendidos a Reciclados Nivel, una chatarrería que no cuenta con permisos para la eliminación de residuos tóxicos, y que recicló los botes de aluminio y dejó sin destruir los tapones. Éstos llevaban pegada una etiqueta alertando de la peligrosidad del producto que contenían, que fue retirada antes de que se le entregaran a Enrique Caño. De hecho, la Policía no supo que estaba ante un producto tan contaminante hasta que descubrió una etiqueta que se había quedado olvidada en uno de los tapones encontrados en la bañera. A raíz de ahí, investigó la procedencia de los residuos hasta llegar a las dos empresas que permanecen imputadas en la causa. 

El próximo paso de la investigación judicial será la declaración de la cuarta imputada, la encargada de Alansu, María Rosa S. M., que habría dado la orden para vender los envases con el fosfuro de aluminio en vez de destruirlos. Esta mujer ya no trabaja para la empresa y su declaración aún no tiene fecha, ya que su abogado presentó un recurso ante la Audiencia de Sevilla contra su imputación por el triple homicidio imprudente y el delito ambiental. Una vez este tribunal resuelva, la juez de Alcalá llamará a declarar a María Rosa S. M. 

Después de esta prueba, la juez tendrá que llamar a los posibles testigos que corroboren que hubo fallos en la cadena de custodia y en el control de los residuos tóxicos. En la causa se han personado como acusación particular tanto la hija superviviente y la hermana que tiene su custodia como los tíos de la misma, representados por los abogados José María Núñez y María José Malagón.