October 4, 2016
Fuente: El Mundo

Cada día, varios jóvenes aparecen un poco antes de las ocho de la tarde y se esconden en los alrededores del punto limpio de La Latina. Sólo se hacen visibles sus sudaderas oscuras con capucha entre los matorrales de este céntrico lugar de Madrid.

A las ocho en punto, el operario cierra la verja azul con un pesado candado. Como si obedeciera una orden preestablecida, el grupo de acróbatas salta con facilidad el muro de hormigón. Se mueven con rapidez, deslizándose entre los huecos de la valla y dirigiéndose hacia los contenedores de residuos metálicos y eléctricos.

Es el comienzo de otra noche de trabajo para la multitud de ladronzuelos que se reparten a toda prisa entre los 16 puntos limpios de la capital. No pasan mucho tiempo encorvados sobre los contenedores. Apenas unos minutos bastan para apropiarse de viejos ordenadores, televisores o lavavajillas. No regresarán a su casa antes de haber sacado de las carcasas trozos de hierro, de cobre y de otros metales que luego venderán a empresas de compraventa poco escrupulosas.

Se trata de una práctica ilegal, puesto que todo tipo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos necesita recibir un tratamiento apropiado en una planta reglada. Algo que muy a menudo no se hace en las chatarrerías que no tienen autorización para encargarse de residuos peligrosos y puede tener graves consecuencias para el medio ambiente.


EL MERCADO NEGRO, MÁS BARATO

A ambos lados de la A-2, que va de Madrid a Guadalajara, proliferan paneles que indican "Chatarrería", "Fundición" o "Compra de metales". La tipografía es tan grande como la de los carteles comerciales en temporada de rebajas.

Llegan a estos lugares muchas camionetas cubiertas de polvo conducidas por vendedores que esperan ganar unos euros por fragmentos de metales. En la entrada, suele haber viejos carteles que indican el precio habitual de compra por kilo de chatarra. Varía entre 3 y 9 céntimos. Los beneficios para los vendedores suelen ser exiguos.

Por lo general, los propietarios hablan con franqueza de los ladrones que les llevan componentes de RAEEs de los puntos limpios. "Claro, vienen todos los días los que viven del menudeo. Pero ¿qué puedo hacer yo? No voy a prohibirles venderme cosas. Para ellos, es un recurso vital", comenta el responsable de una chatarrería de Torrejón de Ardoz que prefiere guardar el anonimato.

Nunca admiten que aceptan aparatos eléctricos y electrónicos, ya que no tienen autorización para el almacenamiento y el tratamiento de residuos peligrosos.

Hay más de 5.000 chatarrerías en España, según los últimos datos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Supuestamente se limitan al desguace y a la clasificación de los residuos antes de enviar sus componentes peligrosos a gestores autorizados o a industrias del reciclaje.

"Hay chatarrerías que tienen autorización para recoger y gestionar ciertos tipos de residuos, pero todo tipo de RAEE necesita después un tratamiento en una planta reglada y esto no se hace en las chatarrerías", denuncia Mariano Arana, director de la planta de tratamiento palenciana InduRaees. Añade: "Todas o el 95% de ellas gestionan mal los RAEEs".

La Federación Española de Residuos (FER), que defiende los intereses del sector de la recuperación, insiste en el carácter legal de sus actividades: "Es muy importante dejar claro que las chatarrerías son gestores autorizados de residuos. No sólo reciclan metales, sino también los aparatos eléctricos, los vehículos, los neumáticos, los envases... Es una industria profesionalizada y regulada", contestó Alicia García Franco, directora general de la FER, en un correo electrónico.

Sin embargo, las malas prácticas están extendidas en casi todas las chatarrerías que se han visitado para esta investigación. Al llegar a una chatarrería minúscula de Moratalaz, en la penumbra, tres hombres golpean un viejo lavavajillas con un pico. Poco a poco, lanzan los metales extraídos en un remolque lleno de RAEEs fragmentados. Es una práctica ilegal porque al triturar y mezclar así los componentes peligrosos de los RAEEs se libera un polvo potencialmente tóxico.

En una chatarrería de Torrejón de Ardoz, se vio al menos un frigorífico y una cocina colocados en el suelo. Al llegar los reporteros a su puerta y observar la escena, el gerente ordenó retirarlos. Después afirmó que nunca acepta este tipo de residuos.

Cerca del punto limpio de Usera, al sur de Madrid, el chófer de un camión azul depositaba todos tipos de RAEEs en una chatarrería sólo autorizada por la Comunidad de Madrid para el almacenamiento y la clasificación de residuos no peligrosos. Había cocinas, calderas de agua o microondas. Todos son residuos peligrosos si no reciben un tratamiento adecuado.

Los componentes tóxicos de los RAEEs se deben llevar a una planta autorizada de tratamiento. Sólo son 16 en España. Un número que parece ínfimo en comparación con las 5.000 chatarrerías que existen.

"Siempre se busca la opción más barata. Y en el caso de los RAEEs, que son residuos valiosos, acaban en una chatarrería que los tritura, que aprovecha sus materiales y que deja por ahí, sin control, los componentes peligrosos", explica Mariano Arano. Este procedimiento impide el reciclaje de los RAEEs.

Después de treinta años de dedicación a este tema, el gestor estima que este tipo de malas prácticas corresponde "al 80% de lo que se hace en las empresas españolas".

La diferencia de precio entre una planta de tratamiento y una chatarrería es grande. "En una chatarrería, se puede ganar dinero vendiendo los componentes valiosos de los RAEEs, mientras que en una planta, pagas para que se haga la gestión". Y este tratamiento cuesta mucho. Gestionar un camión de frigoríficos de 5.000 kilos, cuesta unos 2.000 euros al productor.

Como consecuencia de ese precio elevado, cada actor implicado en la cadena de gestión de RAEEs prefiere sacar provecho de estos residuos, que llevan hasta 60 elementos de la tabla periódica. Muchos de ellos son valiosos.

Un estudio de la Universidad de las Naciones Unidas publicado en 2014 evalúa que se podría ganar 48 mil millones de euros con los metales contenidos en los 42 millones de toneladas de RAEEs producidas en 2014. Esta cifra engloba, entre otros, 16,5 millones de toneladas de hierro, casi dos millones de toneladas de cobre, y otras grandes cantidades de metales preciosos como el oro y la plata.


DELITOS MUY RENTABLES

Resulta casi inevitable que alguien intente sacar de la vía legal componentes tan valiosos. "La motivación de los criminales es económica. Pueden ganar mucho por acción y por omisión", comenta el teniente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) José Manuel Vivas Prada. Detalla el oficial de la Guardia Civil: "Por acción porque venden los residuos a una fragmentadora o a una fundición. Y por omisión porque el de la fragmentadora compra una materia prima a precio muy bajo y apenas utiliza sus instalaciones de tratamiento".

Desde 2010, el Seprona ha investigado grandes casos en el sector de los RAEEs, tanto por el número de imputados como por el valor de los beneficios ilegales. "No hemos hecho operaciones como tal para otros tipos de residuos porque los RAEEs son los únicos con los que se puede hacer un negocio tan importante", reconoce el oficial.

En el caso de la "Operación Fragmento", que fue la primera gran investigación del Seprona contra el tráfico de RAEEs, los delincuentes habían ganado no menos de 10 millones de euros con el tratamiento inadecuado de más de medio millón de frigoríficos. "Y es una cifra a la baja", precisa.

Esos negocios en negro tienen detrás una cadena de actores muy bien organizada y jerarquizada. "Generalmente, hay transportistas que toman los RAEEs de productores y luego tienen que llevarlos a una planta de eliminación controlada", explica el teniente Vivas Prada. Continúa: "Pero en el camino vienen intermediarios que les dan dinero para desviar los residuos y luego otros actores se encargan de la eliminación incontrolada en chatarrerías o fundiciones. Son delitos de apropiación indebida y de perceptación".

El oficial de la Guardia Civil lo ve muy claro: "Desde el punto de vista jurídico, son grupos criminales organizados porque hay una estructura con reparto de responsabilidades, una distribución de cometidos y el fin de cometer delitos."

Esta área del crimen organizado llama la atención de ENVICRIMENET, la unidad de crimen ambiental de Europol. "Este tipo de contrabando nos inquieta cada vez más, sobre todo en países como Italia, España, Francia y Eslovaquia", precisa por escrito Werner Gowitzke, experto del grupo.

Como consecuencia, Europol publicó en 2015 un informe en el que especifica las bajas penas que se imputan a los que trafican con RAEEs y los muchos beneficios que derivan de su venta: "Los criminales han utilizado la crisis económica presionando a los actores del reciclaje, para sobornarlos y sacar provecho de los residuos. A veces cobran beneficios tan importantes como los del narcotráfico".


GESTIÓN SIN FORMACIÓN

En 2012, se publicó la Directiva europea vigente sobre gestión de RAEEs. La Unión Europea era entonces una de las pocas regiones en el mundo con una legislación uniformizada sobre la recogida y el reciclaje de estos residuos. Uno de sus objetivos era recoger el 85% de la producción de los RAEEs. A partir de ahí, el gobierno debía favorecer la buena gestión de los residuos peligrosos y formar gente para cumplir con las nuevas normativas europeas.
Pero ahora es muy difícil encontrar un gestor de RAEEs que haya recibido una formación específica para aprender a manejar componentes tóxicos. Sólo existen dos postgrados de este tipo en España, ambos ubicados en Madrid.

Uno de ellos es el Máster en Gestión Sostenible de los Residuos de la Universidad Politécnica de Madrid que está dedicado a formar técnicos en la gestión y el transporte de residuos. En cinco años, han formado a unas 100 personas.

"Los residuos urbanos están más controlados porque el ciudadano los ve. Entonces la gestión tiene que ser más rápida y eficaz. En el caso de los RAEEs, el ciudadano no los detecta como algo cercano. Por eso hay una falta de trazabilidad y fallos tremendos en la gestión", explica José Vicente López Álvarez, director del máster y especialista en Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental.

"Hay un vacío, una falta de formación seria y específica", prosigue Belén Vázquez de Quevedo, coordinadora del postgrado y experta de la Cátedra Ecoembes de Medio Ambiente.

"La única solución es invertir en nuevas tecnologías, formaciones y mucho más controles", concluye el director.